Normativa sobre amianto: Cronología

Desde el Real Decreto de 1989 que impuso las primeras restricciones a su uso hasta la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de 2022, la legislación española ha buscado normativas para controlar y eliminar el amianto de manera progresiva. En España, la retirada del amianto está regulada por diferentes leyes a nivel estatal y autonómico. Cronológicamente la legislación sobre el amianto en España esta reflejada en estas normativas:

• Real Decreto 1406/1989 de 10 de noviembre: Establece las primeras limitaciones a la comercialización y uso del amianto en España. Este decreto marcó un punto de inflexión en la conciencia sobre los peligros del amianto y sentó las bases para futuras regulaciones más estrictas. Años antes empezaron a llegar los primeros estudios sobre los peligros del amianto para los trabajadores de las fábricas. La reacción pareció tardía pero fue un primer paso.
  
• Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero: Enfocado en la prevención y reducción de la contaminación ambiental causada por el amianto, este decreto amplió las restricciones y estableció medidas para proteger sobre todo al medio ambiente.
  
• Orden Ministerial del 30 de diciembre de 1993: Modifica la normativa anterior de 1989 para restringir aún más el uso y comercialización del amianto, reconociendo los crecientes riesgos para la salud asociados con esta sustancia. Todavía no lo prohíben pero se exigen medidas de seguridad para los trabajadores que manipulan este material.
  
• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto: Define las sanciones aplicables a la retirada sin permiso de materiales con amianto, estableciendo un marco legal claro para hacer cumplir los procesos de retirada y la gestión de los residuos en vertederos autorizados. Si no lo cumples las sanciones van desde los 7.000€ para infracciones leves a 800.000€ según la gravedad de la infracción cometida.
  
• Orden de 7 de diciembre de 2001: por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre y establece que la exposición al amianto, al liberar fibras, está asociada con la asbestosis, mesotelioma y cáncer de pulmón. Con el fin de proteger la salud humana es necesario prohibir la utilización del amianto y de los productos que lo contengan. También esta Orden indicó que los productos que contengan las fibras señaladas y que hayan sido fabricados con anterioridad a su entrada en vigor, podrán seguir comercializándose durante un período adicional de seis meses.

Por tanto, en España, la utilización y comercialización del amianto está prohibida desde 2002 gracias a esta ley. El 15 junio de 2002: entra en vigor la prohibición de fabricar productos que contengan amianto. El 15 de diciembre de 2002: entra en vigor la prohibición de utilizar y comercializar productos que contengan amianto.

También esta Orden quiso dejar claro que el uso de productos que contengan las fibras de amianto que ya estaban instalados o en servicio antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Orden, seguirá estando permitido hasta su eliminación o el fin de su vida útil. En resumen, toda aquella edificación que tuviera materiales con amianto instalados antes de la prohibición (2002) podrán mantener el material hasta el fin de su vida útil, cuando deberá ser sustituido por un material que no sea peligroso para la salud.

• Real Decreto 396/2006: Establece disposiciones mínimas de seguridad y salud para trabajos con riesgo de exposición al amianto, garantizando la protección de los trabajadores que puedan verse expuestos a esta sustancia durante el desempeño de sus labores. También establece la prohibición expresa de retirada de cualquier material con amianto sin estar registrado en el RERA. Es decir solo aquellas empresas homologadas por el RERA pueden quitar amianto legalmente en España.
  
• Ley 7/2022, de 8 de abril: Impone plazos para la retirada del amianto en instalaciones y emplazamientos públicos, reflejando el compromiso continuo con la eliminación progresiva. La obligatoriedad de la retirada de amianto se refiere solo a aquellas instalaciones y emplazamientos de carácter público. Esta retirada total en edificios públicos se debe llevar a cabo antes de 2028. De acuerdo a esta ley todos los ayuntamientos españoles deben haber presentado su censo de instalaciones y emplazamientos públicos, antes de abril de 2023. La mayoría no ha hecho este censo de amianto.

A partir de 2028 la autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, deberán inspeccionar y verificar que edificios, recintos, instalaciones, equipos, vehículos e infraestructuras públicas se encuentran “Libres de Amianto” y que el amianto ha sido enviado a un gestor autorizado.

Esta ley 7/2022 también indica en el artículo 30, que en cualquier proceso de demolición, deberá retirarse las sustancias peligrosas y no peligrosas, en concreto el amianto. Por tanto hay que hacer una demolición selectiva en obra y separar los distintos materiales.

Normativa vigente ¿hay que eliminar el amianto de una propiedad?

Como noma general sí que hay que quitar el amianto, pero mejor sigue leyendo para conocer como se ajusta la ley ante tu caso. La normativa sobre este tema se anunció en la Orden del 7 de diciembre de 2001. Esta normativa vigente en España establece criterios claros para determinar si es necesario eliminar el amianto de las estructuras y edificaciones. Aunque la prohibición del amianto en el país se implementó en 2002, existen disposiciones específicas que dictan cuándo es obligatorio retirarlo.

Primero, es importante tener en cuenta si el amianto fue instalado antes o después de 2002. Si se instaló después del año 2002, su eliminación es obligatoria, ya que su uso estaba prohibido en ese momento. Aunque parezca increíble este caso se da más de lo que parece y nos parece increíble sobre todo porque ya se conocían los futuros problemas de salud que causaba el amianto y aun así se colocó este material en muchos edificios.

Otra situación donde es obligatorio quitarlo es si el amianto ha superado su vida útil y se encuentra en un estado friable. La vida útil del amianto puede variar dependiendo de las condiciones en las que se encuentre. Bajo condiciones extremas, como en tejados expuestos a la intemperie, la vida útil del amianto puede ser de unos 30 años. Dado que la prohibición del amianto en España tiene más de 20 años, es probable que la mayoría del amianto existente haya superado este límite de tiempo y, por lo tanto, sea recomendable o incluso obligatorio eliminarlo en la mayoría de los casos.

Actualmente el SEPRONA, el cuerpo encargado del amianto y del medio ambiente en general, no persigue activamente la presencia de amianto en edificaciones privadas. Se espera que aumente su supervisión en el futuro. Sin embargo aunque no recibas una sanción por tener amianto, por razones de seguridad y salud, es recomendable eliminar el amianto de tus propiedades para proteger la salud de los ocupantes y evitar posibles problemas legales en el futuro.

Legislación para edificios públicos con amianto

Como ya hemos dicho antes, en el año 2022 se estableció la obligatoriedad de retirada de amianto de todas las instalaciones y emplazamientos de los edificios públicos en España, para antes de 2028.

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía una circular, establece que: “En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada. Tanto el censo como el calendario, que tendrán carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado. Esa retirada priorizará las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable. En todo caso las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028”.

A día de hoy, la gran mayoría de ayuntamientos no han hecho este censo de instalaciones con amianto, por tanto van con mucho retraso. Tampoco parece que quieran ponerse las pilas, ya que no hay mucho movimiento para este 2025. Suponemos que no podrán cumplir el plazo del año 2028 para una libre eliminación amianto en edificios públicos. La cantidad de amianto en las instalaciones públicas es muy grande y el tiempo se esta echando encima.

¿Quién puede quitar amianto y la uralita por normativa?

Según la normativa vigente del Real Decreto 396/2006, únicamente las empresas debidamente homologadas y registradas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) tienen la autorización para llevar a cabo la remoción de amianto. Es importante destacar que ni un particular ni una empresa de demoliciones o construcción que no esté inscrita en el RERA pueden realizar esta tarea.

El incumplimiento de esta regulación puede acarrear severas sanciones económicas, que van desde los 400€ hasta los 800.000€, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida. Estas multas están diseñadas para disuadir cualquier intento de eliminación de amianto por parte de entidades no autorizadas, ya que la manipulación inadecuada de esta sustancia puede representar un grave riesgo para la salud pública y el medio ambiente.

Por lo tanto, es fundamental que cualquier proyecto de retirada de amianto sea llevado a cabo por empresas certificadas y capacitadas en el manejo seguro de esta peligrosa sustancia, garantizando así la protección de los trabajadores y la comunidad en general.

Procedimientos y normativas para la retirada de amianto y uralita en España

La retirada de amianto y uralita en España está estrictamente regulada para garantizar la seguridad de los trabajadores y del medio ambiente. A continuación, se detallan los procedimientos y normativas que deben seguirse para realizar esta tarea de manera legal y segura:

• Presentación del Plan de Amianto: Antes de comenzar cualquier trabajo de retirada de amianto, es obligatorio presentar un Plan de Amianto. Este documento debe describir detalladamente el proyecto completo, incluyendo los métodos de retirada, las medidas de seguridad que se implementarán, y los procedimientos de gestión de residuos. El plan debe ser aprobado por la comunidad autónoma donde se va a realizar la retirada, asegurando que cumple con todas las normativas vigentes.
  
  
• Protección de los trabajadores: Los trabajadores involucrados en la retirada de amianto deben estar adecuadamente protegidos para minimizar el riesgo de exposición a las peligrosas fibras de amianto. Esto incluye el uso de equipos de protección individual (EPIs), como trajes protectores y mascarillas especiales. Además, es obligatorio que los trabajadores se duchen después de finalizar su turno para eliminar cualquier fibra de amianto que pueda haber quedado en el EPI. Los EPIs utilizados deben ser desechados de manera segura para evitar cualquier riesgo de contaminación.
  
  
• Gestión de los residuos de amianto: El amianto retirado debe ser manejado con extremo cuidado. Una vez encapsulado para prevenir la liberación de fibras, debe ser transportado a un vertedero oficial de amianto. Estos vertederos están especialmente diseñados para gestionar y contener materiales peligrosos, asegurando que el amianto no represente un riesgo para la salud pública o el medio ambiente.
  
  
• Medición ambiental posterior: Después de completar la retirada del amianto, es recomendable realizar una medición ambiental para asegurarse de que el amianto eliminado no permanezca en el aire. Esta medición verifica que el ambiente esté libre de fibras de amianto y que el edificio no represente un peligro para la salud. Este paso final es crucial para garantizar la seguridad de los ocupantes del edificio y confirmar que todas las medidas de control de amianto se han ejecutado correctamente.

Requisitos para empresas y profesionales en la gestión de amianto

Las empresas y profesionales que se dedican a la retirada de amianto deben cumplir con una serie de procedimientos específicos y regulaciones.

En primer lugar, es fundamental ir bien protegidos con trajes EPIS y mascarillas. Después bajo ningún concepto el amianto puede ser partido o serrado durante su retirada. Este tipo de manipulación puede liberar grandes cantidades de fibras peligrosas al ambiente. En su lugar, el amianto debe ser cuidadosamente desmontado.

Inmediatamente después de ser retirado, debe ser encapsulado para prevenir la liberación de fibras al aire. Este encapsulamiento es crucial para contener las fibras y minimizar los riesgos de exposición.

Una vez encapsulado, el amianto debe ser transportado a un vertedero autorizado para la gestión de amianto. En España, estos vertederos son escasos, y en algunas provincias ni siquiera existen, lo que puede complicar la logística del transporte. A pesar de estas dificultades, es absolutamente imperativo que el amianto sea llevado a un sitio autorizado. Bajo ninguna circunstancia debe ser arrojado en descampados o enterrado ilegalmente, ya que estas acciones no solo son peligrosas para el medio ambiente y la salud pública, sino que también están sujetas a multas extremadamente elevadas.

Cumplir con las normativas vigentes no es solo una cuestión de legalidad, sino también de responsabilidad profesional y ética.

Procedimientos legales en caso de incumplimiento de la normativa del amianto

El incumplimiento de la normativa del amianto en España puede conllevar graves sanciones. Por ejemplo, contratar a una empresa no certificada por el RERA para la retirada de amianto, o que dicha empresa no cumpla con las normas de seguridad, resulta en multas significativas.

También podrán sancionar a los particulares que intenten retirar uralita por su cuenta. Esto está prohibido y seguramente sea el incumplimiento de normativa más común.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil es el encargado de sancionar y realizar los procedimientos legales en casos de incumplimiento de la normativa del amianto. Sin embargo, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad en España tienen la autoridad para denunciar infracciones relacionadas con el manejo de amianto. Además, cualquier persona, incluido tu vecino, puede denunciarte si cree que estás manipulando amianto de manera incorrecta. Si se demuestra que las fibras de amianto están llegando a la vivienda de un vecino, las autoridades pueden obligarte a retirar el amianto de inmediato.

– Sanciones por quitar amianto sin seguir la normativa

Retirar amianto sin seguir la normativa puede acarrear sanciones muy severas en España, con multas que oscilan entre los 400€ y los 800.000€. La magnitud de la sanción depende de la gravedad de la infracción y de las circunstancias específicas del caso.

Las infracciones más habituales, como desechar amianto de manera ilegal en descampados o enterrarlo, pueden llevar a multas de miles de euros. Estas acciones no solo son extremadamente peligrosas para la salud pública y el medio ambiente, sino que también demuestran una flagrante violación de las normativas de seguridad.

Las sanciones están diseñadas para disuadir estas prácticas y garantizar que la retirada de amianto se realice de manera segura y controlada. Cumplir con la normativa es esencial no solo para evitar multas, sino también para proteger la salud de todos los involucrados y preservar el medio ambiente.

¿Se puedo el reparar el amianto?

Por normativa, si se ha abierto un tejado de uralita o se ha roto una tubería de fibrocemento, no pueden ser reparados. En estos casos, es obligatorio realizar una sustitución completa de los materiales afectados. La reparación de amianto está prohibida debido a los riesgos significativos que conlleva la manipulación de este material peligroso.

Por ejemplo, si tu tejado de uralita ha sufrido daños, la mejor opción es reemplazarlo por una cubierta de panel sándwich, que es una alternativa moderna y segura. De manera similar, si se rompe una tubería de fibrocemento, esta debe ser sustituida por una tubería de PVC. Estas medidas no solo cumplen con la normativa, sino que también garantizan la seguridad a largo plazo.

La normativa prohíbe la reparación de amianto porque manipular este material puede liberar fibras peligrosas al ambiente, lo que representa un grave riesgo para la salud. La sustitución de los materiales dañados es una medida preventiva que asegura que no haya exposición al amianto durante el proceso de mantenimiento o reparación.

Normativa del amianto en la Unión Europea 2025

En la Unión Europea el amianto este prohibido desde el año 2005. Hay datos donde se indica que unas 70.000 personas, sobre todo trabajadores, murieron debido a la exposición al amianto en 2019 en todo el territorio. Debido a esta problemática, la Unión Europea ha establecido una ambiciosa meta: eliminar por completo el amianto de su territorio para el año 2032. Para los edificios públicos lo establece en 2028 y para el resto de edificaciones antes del 2032. Sin embargo, la falta de subvenciones y apoyo financiero a nivel europeo dificulta aún más este proceso.

En los países de la Unión Europea, tampoco se están tomando medidas para abordar el problema del amianto. Van con el mismo retraso para cumplir el plazo que en España. Quizás la que más avanzada va en este sentido es Francia, que ha implementado un plan nacional para la eliminación del amianto, con el objetivo de erradicarlo por completo para el año 2025.

El futuro de la ley del amianto y la uralita en España

A medida que la conciencia sobre los riesgos del amianto continúa creciendo, se espera que la regulación se fortalezca aún más en el futuro. El Parlamento Europeo ha instado a España a adoptar medidas adicionales para proteger a los trabajadores, indemnizar a las víctimas y prevenir la exposición futura al amianto. De momento ha comenzado con dando prioridad a los edificios públicos pero los siguientes serán las edificaciones privadas.

Aunque el camino hacia un España libre de amianto es largo y lleno de desafíos, la determinación y el compromiso de las autoridades, las empresas y la sociedad en su conjunto son la clave para lograr este objetivo. Con una regulación sólida, subvenciones y medidas de gestión y retirada adecuadas, podemos proteger la salud pública y crear un entorno más seguro para todos.